Una ley esperada

El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado los Proyectos de Ley y de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, textos que esperábamos ya desde que se aprobara el anteproyecto en abril del año pasado.

Aunque en ciertos aspectos pensamos que podría haberse ido más lejos, reconocemos el valor de unas normas que intentan garantizar la protección de los menores en todo el Estado y que responden a las necesidades actuales en cuanto a agilizar los procesos de acogimiento y adopción y mejorar a la infancia en riesgo y a los menores víctimas de violencia.

El principio rector es incorporar la defensa del interés superior del menor como principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de procedimiento, tal como había recomendado la ONU en 2013. Además, todos los Anteproyectos de Ley y proyectos de Reglamentos deberán evaluar su impacto en la infancia y en la adolescencia antes de ser aprobados.

La norma establece un nuevo marco de derechos y deberes de los menores, y una especial atención de los más vulnerables, como menores extranjeros no acompañados, jóvenes ex tutelados o menores con discapacidad. Se establece, por ejemplo, que en la resolución de procedimientos judiciales se deberá exponer siempre si se ha oído al menor y lo que este ha manifestado.

La reforma, por otro lado, incluye un catálogo de deberes en las esferas familiar, escolar y social: respeto a los padres, hermanos, profesores; respeto a la dignidad, integridad e intimidad de las personas con que se relacionen, etcétera. El conocimiento de sus derechos y deberes se implantará a través del sistema educativo, y se recoge de forma expresa la necesidad de evitar situaciones de acoso escolar.

Por primera vez se reconoce a los menores como víctimas de la violencia de género y por tanto se modifica el artículo 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En este sentido, se establece la obligación de los jueces de pronunciarse sobre medidas cautelares que afecten a hijos de mujeres maltratadas y se prevé que estos niños puedan permanecer con sus madres.

También se va a reforzar la protección frente a delitos como los abusos sexuales, de los que fueron víctimas un total de 3.364 menores en 2013. Para ello, entre otras medidas, será requisito para ejercer profesiones que impliquen contacto habitual con niños no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación.

Además, se establece la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal estos hechos por parte de cualquier ciudadano que tenga conocimiento de los mismos.

 

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